En el marco de la ley que declaró la Emergencia en Seguridad Pública, y luego del escándalo político por la detención de un presunto “narco” que trabajaba para el presidente del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, la Legislatura adoptó una medida que apunta de manera directa a la remoción de los empleados vinculados con la comisión de delitos.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, sustentó la firma del decreto 661-A/2016 en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial (ley 5.473), en el párrafo que obliga a los agentes estatales a “observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna”. Además, tuvo en cuenta la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, sancionada el jueves, pocas horas antes de la rúbrica del instrumento para el control interno. “Establécese que, a partir de la fecha del presente decreto, el personal dependiente del Poder Legislativo, cualquiera sea su condición (planta permanente, temporarios, bloques políticos, contratados), que se encuentre involucrado en cualquier hecho delictivo, será automáticamente separado del cargo que revista”, indica el texto, al cual tuvo acceso LA GACETA.

En el segundo artículo, detalla cuáles serán los pasos a seguir en cada caso. “Autorízase a la Secretaría (de Cámara, a cargo del Claudio Antonio Pérez) a adoptar las medidas administrativas que cada caso requiera: 1) personal de bloques políticos, personal temporario y contratados, disponer automáticamente su baja; 2) en lo relacionado al personal permanente, realizar la investigación administrativa que corresponda conforme a las normas legales vigentes”, añade el decreto. Y dispone también la desafección de quienes hayan llegado a la Cámara como adscriptos desde otras reparticiones, en caso de que hayan participado en hechos ilegales. Por último, Jaldo resolvió que se ponga el instrumento en cuestión “en conocimiento de los señores legisladores, en lo que respecta al personal a su cargo”.

El Poder Legislativo había comenzado la semana con una agenda cargada de actividades referidas a la lucha del delito en general y del narcotráfico en particular, luego de que magistrados federales reclamaran la declaración del estado de excepción por el avance de la inseguridad y de la profundización de la crisis en el ámbito carcelario y en materia de adicciones.

Sin embargo, el lunes pasado estalló el escándalo que involucró al peronista Cano. Según se supo, el dirigente Julio César Trayán, que se desempeñaba en el bloque oficialista Tucumán Crece -como adscripto desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, adonde ingresó en 1998-, quedó detenido en una causa sobre drogas. El sospechoso fue removido ese mismo día de la Legislatura. También quedó cesante una mujer, al parecer señalada en esa causa, aunque no quedó detenida. Tras esto, varios legisladores comenzaron a revisar la nómina de empleados -sobre todo los que tienen contrato “político”- para evitar casos similares.

En principio, Jaldo había dicho esta semana que el caso Trayán había sido un tema “puntual”. “Para nada empaña el accionar del Poder Legislativo y del legislador (Cano)”, le dijo a LA GACETA el martes. Ese día, vía Twitter, había indicado que el Gobierno provincial estaba trabajando “en conjunto” para “evitar que Tucumán se convierta en Rosario”. “Vamos a combatir el flagelo del narcotráfico con todo el peso de la ley. Caiga quien caiga, le toque a quien le toque”, había dicho Jaldo.

El escándalo político en el que quedó involucrado el presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano, comenzó a tener repercusiones institucionales.

El peronista disidente Oscar López, ex candidato a una banca por un acople del Acuerdo para el Bicentenario, presentó una nota por mesa de entradas de la Legislatura para solicitar la remoción del legislador peronista por “inhabilidad moral”. El planteo está fundado en la detención de Julio César Trayán, un dirigente de la zona de Villa Muñecas que se desempeñaba desde 2008 en la órbita política del oficialista Cano. López, apoderado del partido FE, acusó al jefe del bloque oficialista de ser “el responsable político de la infiltración del narcotráfico internacional y nacional en la Legislatura” y, consecuentemente, “uno de los responsables políticos de la infiltración y ligazón del narcotráfico con el poder y la política”. El artículo 58 de la Constitución provincial expresa que la Legislatura “podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”.